En mi opinión está muy bien el punto 1 de lo aprobado, la ley de Transparencia, pero llega tarde, porque el PSOE se había comprometido a hacerlo hace varios años.

En cuanto al punto 2, que habla claramente de Gobierno Abierto, yo le pondría un 9 (de nota) porque me falta la expresiòn Datos abiertos u Open data, que se deduce del párrafo a), pero que no costaba nada escribirlo textualmente. Sobre todo porque ya hay muchas administraciones que lo están ejerciendo, y con éxito evidente y demostrable.

En definitiva, una buena nota, pero en septiembre, así que no conviene sacar demasiado pecho

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Y puso sobre la mesa una serie de medidas, entre las que quisiera destacar las siguientes:

1. Reducir de 160 a menos de 40 el número de empresas y entes del sector público. Con esta medida se adquiere el compromiso de ahorrar 60 millones de euros en cuatro años.
2. Reducir las cargas administrativas en un 30% en dos años.
3. Reducir en un 50% los tiempos de respuesta de la administración autonómica.
4. Asegurar la administración abierta 24 horas al día y 365 días al año, desarrollando la e-administración.
5. Unificar los servicios comunes (compras y suministros, parque móvil, gestión de patrimonio, alquileres, mantenimiento …) para seguir reduciendo el gasto público y hacer más eficiente la administración.
6. Asegurar que la permanencia de los cargos directivos a su puesto de trabajo esté vinculada a la evaluación positiva de su gestión.
7. Establecer un sistema de control de los trámites administrativos que se pondrá al alcance de la ciudadanía para asegurar la transparencia.
8. Garantizar que todas las leyes y otras iniciativas legislativas incluyan un proceso participativo en el que se escuchará la voz de la ciudadanía, preferentemente a través de las redes sociales
9. Promover la contratación y las compras responsables dentro de la administración pública, incluyendo criterios de responsabilidad social en las cláusulas de contratación.

Creo que es una buena manera de demostrar que queremos un sector público más austero pero, a la vez, más presente y más garante de que los servicios públicos se mantengan y sean de una calidad homologable al resto de países desarrollados.

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Y me parece necesaria porque en el marco de una sociedad que cada vez demanda mas su derecho a saber, a conocer, a disponer de datos oficiales, si no hay una ley que delimite el escenario, corremos el riesgo de empezar a ver iniciativas electoralistas y demagógicas, de partidos poco “transparentes” que se disfrazan con “palestinas de Loewe” para parecer progres.

Os invito a saber más de este asunto entrando en el Blog de Pro Acceso, en donde se recogen los 9 principios que, según ellos, deberá recoger esa demandada y necesaria ley.

En resumen, demos pasos, desde un gobierno que ha demostrado hacer de los derechos ciudadanos un bandera, en la línea de garantizar que saber, conocer sobre los datos públicos, sobre los procesos de decisión y sobre las informaciones institucionales, es considerado uno más de esos derechos.

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Sin que se les caiga la cara de vergüenza, porque eso es lo que deberían sentir si la tuviesen, después de que se hayan pasado los últimos años dando la culpa de sus problemas con la Justicia, derivados de esos casos citados en el párrafo superior, a los jueces y fiscales, manipulados, según ellos, por el Gobierno.

¿Cómo puede lanzar una propuesta de pacto a los demás, quien no ha sido capaz de extirpar de sus filas a l@s corrupt@s?. Mejor dicho ¿cómo puede hacerse eso con credibilidad?. Porque Rajoy intenta que ese pacto, anunciado y propuesto, sea compatible con la presencia en las listas del futuro de l@s mism@ que han cometido, presuntamente, hechos que deben ser erradicados según el texto del pacto. Todo un despropósito.

A mí me parece que lo que hemos de hacer, y lo he dicho muchas veces, es confrontar a la corrupción, la transparencia y la apertura y publicación de datos. Si la gente conoce los procedimientos de acceso a contratos públicos tanto de personas como de empresas, podrá controlar si se cumple con la legalidad. Si la ciudadanía conoce las propuestas de índole urbanística desde que incian su tramitación administrativa, podrá opinar sobre ellas y, sobre todo, conocer qué intereses llevan aparejadas. Si los gastos de una administración se publican, las personas podremos opinar sobre qué nos parecen y juzgar si se justifican en base a las decisiones de gobierno y a las promesas electorales. Si eso está dispuesto a hacerlo el PP, bienvenidos al club, pero en cualquier caso, los partidos que de verdad apuesten por la lucha contra la corrupción debemos ponernos a ello, sin mas zarandajas ni operaciones de maquillaje, que es lo que está haciendo el PP.

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También es verdad que las portadas de los diarios se han dedicado mas a los grandes casos supramunicipales, y que aquí, en Balears, los récords de la legislatura autonómica pasada, con el PP en el Govern autonómico y UM en el Govern de Mallorca, han sido sólo levemente ensombrecidos por algunos casos, muy sonados eso sí, en dos ajuntaments, sobre todo, Palma y Andraitx, también en manos del PP.

Pero quiero huir del debate partidario, hoy, sólo hoy, para entrar en un aspecto del tema de la corrupción y sus soluciones, en el que he empezado a escuchar alguna docta voz que propone que dado que el urbanismo es la madre de todas las corrupciones (véase casos como Marbella, Seseña, Andraitx y Santa Coloma más recientemente), esa competencia debe separarse de los ayuntamientos, debe dejar de ser municipal, para pasar a ser de otro ámbito.

Y eso me parece un error de bulto, primero porque, de hecho, la ordenación territorial y los controles de legalidad ya son supramunicipales, aquí en les Illes los ejercen los Consells, y segundo porque entregar el urbanismo a otras instancias, no es garantía de que no pase lo mismo que ha pasado. Es decir: si algun@s munícipes de la han llevado tibia, algun@s polític@s de otro nivel se la pueden llevar caliente, y no es eso lo que pretendemos.

En mi opinión la solución debe venir de medidas que, POR LEY, obliguen a que los procesos urbanísticos, y me refiero a los de ordenación, sean participados por la ciudadanía. Es la PARTICIPACION CIUDADANA la solución, amig@s. Creo que sólo así, conseguiremos los dos objetivos que debemos perseguir para evitar que el urbanismo sea un posible embrión de corrupción, y que son, según mi opinión, que muchos ojos miren, piensen y decidan sobre lo que es patrimonio de tod@s, que es el paisaje y el territorio (entendido como recurso finito) y que la ciudadanía recupere la confianza que nos ha perdido, por la vía del empowerment. Es decir, por un lado damos, por LEY, capacidad de decisión a la ciudadanía, para que se sienta parte del proceso, sea dueña de su futuro y le aporte transparencia y acabamos, por otro lado, con la presencia en la política de aquell@s que vengan a servirse del cargo.

Como dijo Clinton, en otro contexto y con otro texto, ERA LA PARTICIPACION, ESTUPIDO !!.

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