El porqué del desacuerdo: pactar las prioridades

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Estamos cada vez peor, en este país, porque estamos errando en la priorización de los problemas a resolver. Y nos está pasando desde que en 2010, en mayo, Europa decidió que sólo se podía afrontar la crisis desde los ajustes fiscales y desde que en 2011 nos dió por reformar la Constitución y elevar a la categoría de beatificación al déficit público. Aquello fue un error y hemos de asumirlo así.

Esta semana se ha producido una oferta de pacto en sede parlamentaria, en donde todos, o casi, los grupos políticos le han dicho al Presidente Rajoy que estamos en una situación de crisis de empleo tan seria, que esto es una emergencia social, más que económica y que se saldrá mejor, de ella, con el acuerdo de todos los grupos, sindicatos y asociaciones de empresarios. Y la respuesta de Rajoy ha sido negativa porque la tesis económica sigue siendo que lo mejor es la reducción del déficit, y no la generación de economía y empleo.

Esa es la clave del desacuerdo: unos, la mayoría, hemos entendido que lo que Europa exige, de manera obcecada, no es lo adecuado, mientras otros siguen, a pies juntillas, esas doctrinas erróneas.

En los últimos años se ha producido algo de lo que deberíamos aprender, como es que intentando reducir el déficit, a base de recortes, lo hemos aumentado y hemos incrementado, a la vez, la deuda pública (en España y Portugal donde más). Grave contradicción porque, mientras tanto, caía el empleo y el PIB. Tras esos datos, es evidente que la crisis se prolonga porque nos hemos equivocado y el ajuste fiscal se nos ha vuelto como un boomerang y nos da en la cara.

Una vez detectado ésto, hay que rectificar y centrarnos en cambiar las políticas de empleo para atajar el paro, en formular propuestas de crecimiento, en apostar de verdad por la I+ D+ i, y en aportar financiación a la economía real, las familias y las empresas, aunque tardemos más en reducir el sacrosanto déficit.

Nunca debimos empeñarnos en ese compromiso, en ese asunto del déficit, porque ese error nos ha llevado a cotas insoportables de pobreza y exclusión.

 

La Economía Social como alternativa

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Hay empresas en España que, por sus características societarias, defienden más que las otras el empleo de sus socios y que, por ende, son capaces de florecer cuando las otra desaparecen, por la vía de que los trabajadores accedan a la propiedad del capital. Me refiero a las empresas de economía social, cooperativas fundamentalmente, pero tambien sociedades laborales y otras fórmulas de iniciativa social.

Pasando por alto el hecho de que tengamos un gobierno que ha arrojado la toalla, cual boxeador noqueado por el adversario, o que ha sacado bandera blanca de rendición, cual ejército vencido, con las cifras actuales de paro y con las perspectivas anunciadas ayer por ese gobierno de inútiles pero vociferantes ministros, es hora de pensar en que las grandes empresas mercantiles tradicionales no están siendo las aliadas de la sociedad en el trabajo doble de generar empleo y no destruir el que existe. Y que entre las Pymes, las de economía social demuestran mayor resistencia al abandono y mejor alternativa de crecimiento.

Esas empresas son, además, especialmente adecuadas para trabajar en sectores económicos que, ahora, son nichos de empleo, como los servicios sociales y sociosanitarios, la atención y cuidado del medioambiente, pero también en otras iniciativas de emprendeduría bajo fórmulas de autoempleo.

Las Administraciones deben tomar nota de que ese tipo de empresas están ahí y modificar normas para favorecerlas, de manera descarada, si se me permite, porque están colaborando en solucionar el primer problema para la mayoría de españoles: el desempleo.

  • Si fluye crédito que sea para ellas, prioritariamente,
  • Si hay contratación pública, que tengan puntos adicionales en los baremos de evaluación,
  • Si hay que dar bonificaciones fiscales a las Pymes para reequilibrar el impuesto de sociedades, que sean las de economía social las más bonificadas
  • Si hay desempleados que opten por darse oportunidades de autoempleo, que disfruten de financiación y fiscalidad especiales y ventajosas, afectando a los IRPF, IVA e IS
  • Si los ayuntamientos no pueden prestar determinados servicios por parálisis de sus plantillas, que fomenten en su entorno la autoorganización de vecinos y vecinas en paro, para constituirse en empresas de este tipo

Esas son medidas que se pueden poner en marcha sin grandes perjuicios a los ingresos públicos y con buenos impactos en la situación del país en general, que necesita creer en algo más que en las palabras de un gobierno que ayer cercenó las pocas ilusiones que nos quedaban a los que, afortunados por tener empleo, tenemos hijos e hijas adolescentes, o incluso mayores, cuyo futuro está muy oscuro.

¿Por qué Montoro es el killer de la I+D española?

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Montoro es un ministro peligroso para este país, pero muy especialmente para la I+D española y así se lo insinué el otro dia a la Secretaria de Estado y al ministro Guindos, en el Senado.

Las razones para poder afirmar eso, son varias y ahí van algunas:

  • Con sus presupuestos debilitó la Ciencia al recortar un 25% en 2012 y un 14% en 2013
  • Está retrasando la creación de la Agencia Estatal de Investigación, prevista en la Ley de la Ciencia desde junio de 2011,  dos años desde que tomaron posesión del gobierno en noviembre de 2011
  • Bloquea las transferencias para financiar proyectos de I+D a aquellas Comunidades Autónomas que incumplen los objetivos de déficit
  • Incumple compromisos de pago de cuotas a organismos internacionales de Ciencia
  • Dificulta y provoca aplazamientos injustificables en las convocatorias, primero, y en las resoluciones, después, de los concursos que afectan al principal activo de la I+D que son las personas que la hacen, los y las científicas.
  • Consigue que el gobierno apruebe una Estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se establecen como objetivos para España en 2020, lo que la media de la Unión Europea está invirtiendo hoy en I+D, alejando a nuesto país de esa media.

Y todo eso con el exclusivo interés de ahorrar parte del presupuesto que el mismo Montoro cercenó en los dos ejercicios en los que ha dirigido la hacienda española.

No contento con incumplir sus promesas electorales, Rajoy comtempla impasible como, ahora, sus ministros incumplen las leyes de presupuestos que ellos mismos aprobaron en las Cortes españolas. Todo un record.

Centralismo como ideología

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Cuando más necesaria es la sensatez, para ajustar a los desajustes territoriales producidos por el proceso de la transición resulta que tenemos un gobierno que obstruye, por ideología, cualquier atisbo de racionalidad. El centralismo como ideología.

Las CCAA deben asumir su corresponsabilidad a la hora de definir los gastos y los ingresos para que no se cargue todo en el debe del gobierno central. En cumplimiento de ese principio, para asumir esa corresponsabilidad, algunas CCAA como Andalucía, Asturias, Catalunya y Extremadura, implantaron un impuesto sobre los depósitos bancarios, que debían pagar los bancos. Las cantidades que preveían recaudar, unos 206 millones de euros en total, servirían en cada caso para ayudar a paliar los déficits de ingresos derivados de la crisis y, por tanto, recuperar algunos servicios públicos amenazados o recortados.

Ante esa decisión, de gobiernos autonómicos, el PP decide aplicar un impuesto estatal a esos depósitos, de tipo 0, para que, en aplicación del principio que dice que cuando el estado grava con un impuesto una actividad, ya no puede hacerlo una CA, impedir ese impuesto. Lógicamente, con ese tipo 0 no recauda nada de los bancos el Estado ni ninguna de las CCAA.

Primera conclusión: Una vez más el gobierno se pone de parte de los bancos y en contra de los servicios públicos a la gente, porque hemos de recordar que este es el mismo gobierno que ha recortado derechos y servicios.

Ahora, como las CCAA le reclaman a Rajoy que compense los dineros que han perdido al no poder aplicar su decisión impositiva, el ministro de Hacienda decide que ese impuesto a tipo 0 sea algo mayor que 0, pero muy poco, (entre un 0,01 y 0,02%) y así entre todos los depósitos de toda España, se recauda el monto necesario para compensar a esas 4 CCAA. ¿Si ese impuesto es bueno, para qué crea la figura impositiva a tipo 0, si no es para enfrentarse a determinadas CCAA? Pero ¿si es malo, por qué lo implanta él a nivel estado?. Otro despropósito más de un negado Montoro. 

Segundo hecho: impedir que las CCAA sean autónomas en su capacidad para tomar decisiones fiscales, es incompatible con decir que hay que recentralizar España, por culpa de esas mismas CCAA.

Detrás de todo eso reside la misma prevención, cuando no paranoia, sobre la existencia de España como es, un estado “autonómico”, con rasgos federales muy acusados, y que la derecha nunca ha aceptado ni, me temo, aceptará, por muchos y muy variados discursos que haga o por muchas veces que repitan aquello de que “hablan catalán (gallego o euskera) en la intimidad”. Y también la realidad de que el PP siempre defiende los intereses de los que más tienen, aunque lo haga con los votos bienintencionados de algunos de los que tienen poco.

 

Más Europa, pero más democrática

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En el post anterior, analicé el  carácter eminentemente económico de la Europa que hemos construido.  Hoy trataré de exponer la segunda de mis preocupaciones sobre la realidad europea, la que tiene que ver con la calidad democrática de Europa.

Hay un consenso sobre el hecho de que necesitamos más Europa para salir juntos de la crisis, para salir mejor de ella y para ser competitivos frente al resto de potencias mundiales, China, América del Norte y las nuevas emergentes encabezadas por Brasil, India, etc. Para ello, para que haya más Europa, es necesario, y no suficiente, que todos los miembros hagamos cesiones importantes de soberanía, relativas a temas fiscales, financieros y sociales. Y es cierto que para poder enfrentar el poder de los mercados, que es claramente supranacional, debemos hacerlo desde Instituciones del mismo ámbito. Por poner un ejemplo claro: sólo podemos evitar que haya paraísos fiscales en Europa, si lo hacemos desde el ámbito de una gobernanza europea, porque cada estado por su cuenta, somos incapaces de hacerlo.

En efecto, y sin profundizar demasiado, porque no es el objeto de este post, más Europa es que haya una cierta homogeneización fiscal, pero también una autoridad bancaria central que actúe a modo de reserva monetaria y, como no, que haya también una cierta homogeneización de los derechos sociales de los que seamos depositarios todos y todas los europeos y europeas (prestaciones, salarios, servicios mínimos).

Puede parecer que con estas condiciones bastaría para que los ciudadanos de los estados miembros cedamos parte de nuestra soberanía, pero yo creo que falta un detalle, de importancia capital: ¿a quién cedemos esa soberanía o capacidad de decisión?. En eso radica mi creencia de que no podemos ceder poder de decisión desde gobiernos democráticamente elegidos y controlados, hacia órganos de gobierno nada democráticos, según mi opinión.

Esa es la segunda reforma que más importa en Europa: no podemos ceder soberanía ante un Consejo Europeo, que no elegimos ni los europeos, ni el Parlamento europeo. Ni siquiera existe la figura del presidente de la Comisión elegido por los parlamentarios. Así no se puede, ni se debe, delegar decisiones en órganos controlados por los presidentes de Alemania y Francia, fundamentalmente, por muy democráticos que sean esos países, porque, en su caso, siempre tomarán decisiones en favor de quien les votó. Es decir, podría haber un presidente alemán (o francés, o griego, o …) si le hubiésemos elegido entre todos los europeos o el Parlamento elegido por nosotros, con listas europeas, y no nacionales (al menos en una parte de los componentes de ese Parlamento), pero no puede haberlo si lo es en función de haber ganado las elecciones en su país. Y la prueba de eso es la situación en la que nos encontramos ahora, pendientes, todos y todas, de que la Sra. Merkel pase su proceso electoral en Alemania.

No, creo que la idea de más Europa no es la idea de una Unión dirigida por los gobiernos más fuertes o de los países más ricos, sino la de Instituciones democráticamente elegidas por todos los europeos, como ciudadanos y no como productores de más o menos PIB. Así, y sólo así, me parecerá justo ceder soberanía.

 

Esta es la Europa que hay que cambiar

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Hemos dicho muchas veces que perseguimos una Europa más social, más de los ciudadanos y ciudadanas.

Ayer tarde, en una reunión importante, pero como muchas otras, alguien ha hecho dos afirmaciones que, una vez reflexionadas constituyen, a mi juicio, la esencia de dos cuestiones a revisar, de forma urgente, que afectan al modelo de Europa construído.

Debo decir, de entrada, que ambas afirmaciones son ciertas, así que no trataré de desmentirlas sino de analizarlas.

La primera reza así: “si intentásemos negociar con las compañías aéreas unas tarifas máximas, en una situación de mercado liberalizado como es éste, nos denunciarían ante Europa, y les darían la razón” ¿Qué es lo más beneficioso para los ciudadanos pasajeros de esas compañías?. ¿Por qué el mercado liberalizado juega contra los intereses públicos y a favor de los privados?. Trasladen el caso a las compañías de telecomunicaciones o eléctricas y obtendrán la misma conclusión: tenemos una Europa, entendida como las reglas del juego de la Unión, que es más la de las corporaciones privadas que la de los intereses ciudadanos.

Segunda afirmación: “llevamos unos años en los que el consumo de billetes de avión está cayendo, pero los precios no”. Bueno, entonces, el mercado liberalizado, que debería regirse por la ley de la oferta y la demanda, y que aplicamos en el párrafo anterior, ¿cómo funciona?. La única ventaja del libre mercado es esa, que la demanda regula los precios, y resulta que no sólo no se cumple, sino que opera al revés. Una nueva prueba del dominio de las corporaciones sobre la regulación, que se invoca por los economistas liberales cuando interesa y se viola cuando apetece.

Esas cosas hemos de modificar de la Unión Europea para que sea democrática y, por tanto, creíble y útil a los ciudadanos. Me parece de un cinismo ilimitado, aducir que la liberalización del mercado no permite a los gobiernos influir en los precios de determinados productos o servicios estratégicos, a la vez que las reglas de ese mismo sistema de mercado, son violadas cuando se puede, y se puede siempre que el servicio a prestar (y vender) se convierte en imprescindible para el normal desenvolvimiemto de la vida ciudadana, en una región o regiones determinadas, como es el caso del transporte aéreo y los territorios extrapeninsulares de España.

Los datos del fracaso de Rajoy

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tasa paroQue el gobierno del PP ha fracasado en su gestión de la crisis es algo más que una frase y puede apoyarse en datos que se conocen día a día, y que suministra el propio gobierno, a través del INE. Que mintió en su programa electoral está también probado, pero, curiosamente, si hubieran cumplido lo que dijeron, tal vez no habrían fracasado tan clamorosamente.

En las siguientes líneas voy a tratar de dar cuatro o cinco pinceladas que demuestran lo dicho.

En primer lugar lo haré referenciando el Producto interior bruto, el famoso PIB, que no es sino una medida de la riqueza que fabricamos cada año entre todos y todas. En el último trimestre del año pasado, 2012, generamos casi un 2% menos que en el mismo período del 2011, y un 0,8% menos que en el trimestre julio-septiembre del 2012. Si comparamos con la Unión Europea, que también cae, lo hacemos más que la media de los 27 países.

El segundo dato que acabamos de conocer y que también es paradigmático es el de la demanda nacional, es decir del interior del país. En este cuarto trimestre del 2012 ha caído un 4,7% frente a los -4,0% del tercero de los trimestres del año. Eso significa, por ejemplo que los hogares han gastado un 3% menos en 2012, porque han tenido menos recursos. Evidentemente, ese decrecimiento es la causa del primero de los datos que he citado más arriba.

Y ahora dos razones de ese segundo dato: el empleo ha caído un 4,7%, unos 805.000 puestos de trabajo, y como los que han trabajado han cobrado un -8,5% en ese cuarto trimestre, obviamente las familias han podido gastar menos, porque han tenido menos ingresos.

Como es evidente, con menos personas trabajando y con menos ingresos de los que trabajamos, hay menos capacidad de consumo familiar, que es el gran motor económico, y la economía se contrae. Recesión como consecuencia de decisiones erróneas. Porque erróneo es haber subido los impuestos, errónea una reforma laboral que, según sus autores, iba a producir a corto, entre 600 y 800 mil parados y erróneas las medidas de recortes que han constreñido el gasto de las AAPP hasta una caída del 4,1%, en nombre de preservar un déficit público al que entre todos, y ahí hemos de reconocer errores propios, hemos entronizado como eje de nuestras decisiones políticas.

Hoy la mayoría de economistas progresistas defienden ya otras posiciones, e incluso algunos de los considerados más conservadores. Como decía hace unos días Paul Krugman: “el consenso errado de la élite nos ha metido en un atolladero económico, y es hora de que salgamos de él”.

Para ello lo primero es cambiar los postulados y el discurso del presidente y de su partido, el PP y, después, a los ministros económicos de Rajoy, porque, ambos, discurso y ministros, han fracasado y han demostrado ser incapaces de redirigir el rumbo.